La posibilidad de recibir atención farmacéutica sin necesidad de acudir físicamente a una oficina de farmacia se perfila como una de las transformaciones importantes de la farmacia comunitaria durante los próximos años. La profesión farmacéutica reclama una regulación específica que permita extender sus servicios asistenciales hasta los hogares de aquellas personas que, por motivos de salud, edad o dependencia, encuentran dificultades para desplazarse.
Esta demanda forma parte de la Declaración de Asturias. Farmacia 2025, el documento estratégico presentado en el 24.º Congreso Nacional Farmacéutico que establece las principales líneas de actuación de la profesión de cara a 2035. Entre sus objetivos figura la creación de un marco normativo que facilite la atención farmacéutica domiciliaria y garantice su prestación en condiciones homogéneas de calidad y seguridad.
La iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades de personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad, dependientes y ciudadanos con tratamientos complejos. Para ello, propone aprovechar la extensa red de farmacias comunitarias y su cercanía a la población, trasladando parte de su labor asistencial al entorno habitual del paciente.
La propuesta no consiste simplemente en llevar medicamentos a casa. El planteamiento profesional pasa por mantener la participación activa del farmacéutico durante todo el proceso, desde la valoración de las necesidades del paciente hasta el asesoramiento sobre sus tratamientos y el control de la medicación. De esta manera, la atención domiciliaria se integraría en la actividad sanitaria de la farmacia y no funcionaría como un servicio independiente de reparto.
Una prestación sanitaria adaptada a cada paciente
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) defiende que este modelo debe reservarse a personas que realmente necesitan asistencia fuera de la farmacia por sus circunstancias personales o clínicas. Por tanto, no se plantea como una alternativa universal a la dispensación presencial, sino como un recurso específico para quienes tienen limitado su acceso a los establecimientos farmacéuticos.
Uno de los aspectos fundamentales que reclama la organización profesional es que el farmacéutico conserve el control directo de la prestación. La intervención profesional resulta determinante para supervisar la custodia de los medicamentos, garantizar su correcta utilización y evitar problemas relacionados con los tratamientos.
Este enfoque también busca preservar la relación de confianza entre el paciente y su farmacéutico habitual, un vínculo que adquiere especial importancia en personas mayores, polimedicadas o con necesidades sanitarias que requieren una atención continuada.
Mucho más que acercar los tratamientos al domicilio
La atención farmacéutica en el hogar puede incorporar distintas actuaciones destinadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Su alcance va más allá de facilitar el acceso a los medicamentos y contempla intervenciones orientadas a prevenir errores, detectar posibles problemas farmacoterapéuticos y favorecer el cumplimiento de las pautas prescritas.
La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ya planteó esta necesidad en una propuesta publicada en 2018. La entidad defendía que todos los ciudadanos deben poder beneficiarse de los servicios profesionales de la farmacia comunitaria, también aquellos que no están en condiciones de desplazarse hasta ella.
Entre las actuaciones que podrían realizarse en los domicilios se encuentran:
- La revisión de los medicamentos y del botiquín doméstico para identificar posibles incidencias.
- La conciliación de la medicación, especialmente cuando existen varios tratamientos prescritos por distintos profesionales.
- El seguimiento farmacoterapéutico para comprobar la efectividad y seguridad de los tratamientos.
- La información y educación sanitaria dirigida al paciente y a sus cuidadores.
- El apoyo para mejorar la adherencia terapéutica y evitar olvidos o errores en la administración.
- La prevención y vigilancia de determinados problemas de salud.
La aplicación de estos servicios dependería de las características y necesidades de cada persona. No todos los pacientes requerirían las mismas intervenciones ni una frecuencia idéntica de seguimiento.
SEFAC considera igualmente imprescindible que la farmacia comunitaria trabaje de manera coordinada con otros profesionales sanitarios y del ámbito social. Para desarrollar el modelo será necesario concretar cuestiones como los criterios de selección de pacientes, la capacitación de los farmacéuticos, las condiciones de prestación y los mecanismos de financiación.
La Comunidad de Madrid da pasos para establecer un marco legal
Mientras el sector reclama una regulación de alcance general, la Comunidad de Madrid ha avanzado en el desarrollo de una normativa propia para ordenar la atención farmacéutica domiciliaria.
El proyecto de decreto autonómico superó en septiembre un trámite relevante, después de que el Consejo de Gobierno autorizara solicitar el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Este procedimiento forma parte del proceso previo a su aprobación definitiva. La región pretende situarse así como la primera comunidad autónoma española en disponer de una regulación específica para esta modalidad asistencial.
La iniciativa desarrolla parcialmente la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica madrileña y contempla la posibilidad de que determinados pacientes reciban en sus viviendas medicamentos y productos sanitarios dispensados desde las oficinas de farmacia. También incluye tratamientos procedentes de los servicios de farmacia hospitalaria.
El texto establece la necesidad de fijar condiciones que permitan desarrollar esta actividad con garantías equivalentes a las de la atención presencial, tanto en materia de calidad como de seguridad y cualificación de los profesionales responsables.
Otro de los puntos contemplados es el impulso de los sistemas personalizados de dosificación (SPD), herramientas especialmente útiles para personas con enfermedades crónicas, pacientes polimedicados y ciudadanos en situación de dependencia. Estos sistemas permiten organizar la medicación y facilitan que los tratamientos se administren siguiendo las pautas establecidas.
Conviene señalar que la propuesta normativa continúa en fase de tramitación, por lo que sus disposiciones todavía están pendientes de aprobación definitiva.
Los farmacéuticos madrileños respaldan la iniciativa
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) considera que el avance normativo responde a una necesidad real de la población y supone un paso importante para adaptar los servicios sanitarios a las circunstancias de los pacientes más vulnerables.
La organización colegial defiende que la atención domiciliaria debe reconocerse como una actividad sanitaria con contenido profesional propio. En este sentido, insiste en diferenciarla de un sistema convencional de distribución de medicamentos, ya que su valor reside en el asesoramiento, la supervisión y el seguimiento que puede proporcionar el farmacéutico.
El modelo que propone el COFM sitúa a la farmacia comunitaria más próxima como referente de la atención al paciente. De esta forma, se conservaría la continuidad de la relación asistencial y se facilitaría el seguimiento de las personas que necesitan apoyo de manera habitual.
Desde el colegio madrileño también trasladan su disposición a asumir esta responsabilidad, siempre que el desarrollo normativo establezca las garantías profesionales y sanitarias necesarias.
Un nuevo escenario para la farmacia comunitaria
La extensión de los servicios farmacéuticos al domicilio representa un cambio relevante en la forma de prestar atención a determinados colectivos. Su implantación permitiría reducir las dificultades de acceso a los tratamientos y reforzar el acompañamiento sanitario de personas que, por su situación, necesitan una asistencia más cercana.
Sin embargo, para que este modelo pueda desarrollarse de forma estable todavía deben resolverse diferentes cuestiones: quién podrá acceder al servicio, qué actuaciones estarán incluidas, cuáles serán las responsabilidades del farmacéutico, cómo se organizará la colaboración con otros profesionales y de qué manera se financiará la prestación.
La estrategia profesional con horizonte 2035 refleja que la farmacia comunitaria aspira a desempeñar un papel más amplio en la atención sanitaria, especialmente en el seguimiento de pacientes con necesidades complejas.
El reto será transformar esta aspiración en un sistema regulado, sostenible y bien coordinado, capaz de acercar la asistencia farmacéutica a quienes más la necesitan sin renunciar a la supervisión profesional, la seguridad de los tratamientos y la atención personalizada.