La reciente enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que introduce la figura de la “cesión” de medicamentos veterinarios, ha despertado gran expectación en el ámbito veterinario. No obstante, conviene subrayar que este cambio legal no supone una autorización plena para dispensar fármacos desde las consultas, ni altera las bases que regulan la distribución de medicamentos en España, tal y como recuerda Enrique Granda en el Observatorio del Medicamento.
Granda insiste en que la farmacia, históricamente, ha sido la garante de la seguridad, la legalidad y la calidad en el suministro de medicamentos, incluidos los destinados a animales. Este papel, señala, no es un mero formalismo: constituye una protección frente a prácticas que podrían comprometer la salud pública. Permitir que las clínicas veterinarias actúen como puntos de dispensación encubiertos supondría desdibujar el marco legal y desconocer la labor profesional de los farmacéuticos.
Es importante aclarar que la nueva “cesión” no modifica ni la Ley de Garantías ni el Real Decreto 1157/2021, normas que establecen con claridad el circuito legal de los medicamentos veterinarios. Mientras que otros países europeos tienen regulaciones más flexibles, España contempla las clínicas veterinarias únicamente como centros de asistencia y tratamiento, sometidos a inspección y control, pero no como establecimientos de venta. Convertir en norma lo que hasta ahora era una práctica tolerada al margen de la ley implicaría una interpretación distorsionada de la normativa vigente.
Uno de los argumentos más repetidos por quienes defienden la cesión es la reducción del desperdicio de medicamentos mediante la entrega fraccionada. Sin embargo, Granda recuerda que la dispensación no se limita a entregar dosis sueltas: incluye también la trazabilidad, el control de sustancias sujetas a especial vigilancia, la farmacovigilancia y el asesoramiento experto. Delegar esas funciones supondría un riesgo para la seguridad sanitaria.
El enfoque “One Health” promueve la cooperación entre médicos, veterinarios y farmacéuticos, pero cooperación no significa invadir competencias. Según el editorial, el entusiasmo de parte del sector veterinario pasa por alto que esta enmienda no resuelve el debate, sino que abre un periodo en el que se evaluará, e incluso podría impugnarse, su aplicación.
En palabras de Granda: “La defensa del papel del farmacéutico no es un asunto corporativo, sino una cuestión de salud pública. De ello dependen la correcta administración de tratamientos, la lucha contra las resistencias antimicrobianas y el respeto a las leyes que garantizan la seguridad de todos”.
Y concluye con una advertencia: cuando está en juego la salud, no hay victorias definitivas. La discusión sobre la cesión veterinaria no ha concluido; apenas comienza.