Farmacia: el Gobierno impulsa una nueva ley del medicamento con cambios en la prescripción y la dispensación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una actualización de la normativa vigente desde 2015 que busca adaptar el sistema sanitario a las necesidades actuales, mejorar el acceso a los tratamientos y reforzar el suministro de medicamentos. El texto inicia ahora su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Entre las novedades más destacadas figura la ampliación de los profesionales con capacidad para prescribir determinados medicamentos. La futura norma contempla que enfermeras y fisioterapeutas puedan indicar y prescribir fármacos dentro de las competencias propias de su profesión. Para ello, el Gobierno prevé actualizar la regulación en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley y desarrollar protocolos de coordinación entre médicos, enfermería y fisioterapia. Con este cambio, estos profesionales se equipararán a colectivos como odontólogos o podólogos, que ya cuentan con esta facultad en su ámbito asistencial.

La reforma también incorpora medidas destinadas a facilitar el acceso de los pacientes a los medicamentos en circunstancias especiales. En casos de dependencia, discapacidad, vulnerabilidad o cuando existan dificultades justificadas para acudir a la farmacia, se permitirá la dispensación no presencial y la entrega domiciliaria, siempre bajo la supervisión y el control profesional del farmacéutico. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que esta medida no supone autorizar la venta online de medicamentos, sino ofrecer una alternativa para garantizar la continuidad de los tratamientos cuando las condiciones del paciente así lo requieran.

Otro de los ejes de la nueva normativa es la creación de la figura del medicamento estratégico, destinada a identificar aquellos fármacos esenciales cuyo abastecimiento pueda verse comprometido. En estos casos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá aplicar medidas específicas para proteger el suministro y se reforzarán las obligaciones de laboratorios, distribuidores y farmacias de informar sobre sus existencias en situaciones de emergencia sanitaria.

En el ámbito económico, la ley plantea un nuevo sistema para la financiación pública y la fijación de precios de los medicamentos con el objetivo de favorecer la competencia y optimizar los recursos del Sistema Nacional de Salud. Se mantendrá el modelo de precios de referencia para grupos de medicamentos equivalentes, pero se incorporará un sistema de precios dinámicos orientado principalmente a medicamentos sin patente, como los genéricos, biosimilares e híbridos. Este mecanismo permitirá ajustar los precios en función de su implantación en el mercado, favoreciendo una reducción progresiva cuando alcancen determinados niveles de utilización.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad establecerá un límite máximo de financiación pública. Los medicamentos cuyo precio se sitúe por debajo de ese umbral estarán cubiertos por el sistema sanitario, mientras que, si el paciente decide adquirir una marca con un precio superior al financiado, deberá asumir la diferencia además del copago correspondiente.

La futura ley también contempla un procedimiento para agilizar el acceso a medicamentos innovadores en situaciones de necesidad clínica. Cuando un tratamiento responda a una necesidad médica no cubierta o no pueda demorarse su utilización, podrá incorporarse de forma provisional a la financiación pública antes de disponer de toda la evidencia definitiva sobre su eficacia o impacto económico. Durante ese periodo se evaluarán sus resultados y, si se confirma el beneficio esperado, la financiación pasará a ser definitiva. En caso contrario, o si el precio final resulta inferior al inicialmente acordado, el laboratorio deberá realizar la compensación económica correspondiente.

Con esta reforma, el Ejecutivo pretende modernizar el marco regulador del medicamento, mejorar la disponibilidad de tratamientos, reforzar la sostenibilidad del sistema sanitario y responder a los nuevos retos asistenciales, manteniendo el papel de la farmacia como un elemento esencial en la atención al paciente.

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