La Región de Murcia se convierte en el territorio de arranque de una iniciativa innovadora que incorpora a las farmacias comunitarias en la prevención y actuación ante casos de personas desaparecidas, con el objetivo de implantarla posteriormente en todo el país. Se trata del Protocolo general de cooperación entre la Farmacia Comunitaria y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos junto al Ministerio del Interior.
Este martes ha tenido lugar en Murcia la segunda sesión formativa dirigida tanto a farmacéuticos como a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la gestión de desapariciones en la provincia. La jornada se ha desarrollado con el apoyo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia y ha contado con la participación de su presidenta, Paula Payá; Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General y responsable de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica; Julio Pavón, inspector de la Policía Nacional y responsable del área de Normativa y Formación del CNDES; así como Cristina Velasco y María Carlos Sánchez, del departamento de Atención a Familias y Tercer Sector Social del CNDES.
La puesta en marcha de este protocolo adquiere especial importancia a la luz de los datos más recientes: solo en 2024 se registraron en España 26.345 denuncias relacionadas con 16.147 personas desaparecidas, lo que supone un aumento del 6 % respecto al año anterior, según el Sistema Informático de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH) del Ministerio del Interior.
Cada desaparición conlleva un profundo impacto emocional para las familias afectadas, que afrontan la incertidumbre de no saber si volverán a ver a su ser querido. En este contexto, la figura del farmacéutico comunitario, por su cercanía, accesibilidad y compromiso social, se perfila como un apoyo clave para detectar situaciones de riesgo y colaborar con las autoridades.
Rita de la Plaza ha señalado que esta iniciativa convierte a las más de 22.000 farmacias del país en puntos estratégicos de alerta temprana, integrados en una respuesta coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una colaboración que, ha subrayado, requiere protocolos bien definidos y la implicación activa de los profesionales farmacéuticos, en contacto diario con la ciudadanía.
Por su parte, Julio Pavón ha destacado que el uso de la extensa red de farmacias como aliada estratégica permitirá reforzar la detección precoz y la prevención de desapariciones, especialmente entre colectivos vulnerables como las personas mayores. Según ha indicado, este protocolo se consolida como una herramienta esencial para abordar una problemática social de gran impacto y contribuir a salvar vidas.
Paula Payá ha puesto en valor el papel social de la farmacia comunitaria, afirmando que este trabajo conjunto con el Consejo General y el CNDES refuerza su función como agente cercano y fundamental en la identificación temprana de posibles situaciones de riesgo. Asimismo, ha recalcado que el modelo de farmacia capilar, presente en barrios y municipios de todo el territorio, permite mantener un contacto continuo con la población y actuar como un auténtico radar social.
El protocolo detalla los principales factores de riesgo que pueden detectarse desde la farmacia, como alteraciones bruscas de conducta, aislamiento, desorientación, exclusión social o conflictos familiares. Además, establece los procedimientos a seguir cuando se confirma una desaparición, integrando a las farmacias como colaboradoras activas en estos casos.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado el pasado mes de marzo entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Ministerio del Interior, y forma parte de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica.